En sus consideraciones ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el defensor del Pueblo mexicano recordó que esta terrible práctica hunde sus raíces en la década de los setenta y ochenta, pero que lejos de haberse reducido se ha agudizado en los últimos años, como demuestra la tragedia de Iguala (Guerrero). "Los derechos humanos se enfrentan actualmente a una de sus etapas más críticas y desafiantes. La impunidad que la sociedad advierte, y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva o teórica que como un aspecto real, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones, así como los innegables avances en esta materia de las últimas décadas", advirtió González.
Entre los obstáculos que impiden arrojar luz sobre el fenómeno, el defensor del Pueblo destacó tanto la inexistencia de una legislación especial, prometida por el Ejecutivo desde 2009, como la falta de un "registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente" que permita conocer el número real de desaparecidos y distinguir si los casos se deben a la acción de agentes del Estado, la delincuencia organizada o simplemente a fugas. Esta oscuridad se ahonda con el hallazgo de un "importante número de fosas clandestinas", cuyos cadáveres siguen sin identificarse y que muchas veces carecen de registro oficial.
"Hay un retraso en la solución de un problema tan grave, falta un eje articulador, como una ley general. Pero hay que recordar que la desaparición no es una práctica sistemática generalizada en México. Y en muchos casos, no interviene el Estado, solo las organizaciones criminales", indicó el profesor investigador de la Universidad Nacional de México (UNAM), Javier Oliva, uno de los intervinientes.
Ante este aguafuerte, la delegación gubernamental mexicana, dio un repaso a las medidas adoptadas para enfrentarse al problema y enfatizó que, por orden del presidente Enrique Peña Nieto, se ha puesto en marcha una iniciativa para que el Congreso mexicano expida una ley general y tipifique la desaparición forzada. También destacaron la creación de una unidad especializada en la búsqueda de desaparecidos, así como la elaboración de protocolos unificados en todo el país y de un sistema nacional de atención a víctimas. "Es tarea del defensor del Pueblo señalar carencias y la del Estado resolverlas. Se trata de un tema muy complejo y venimos con ánimo de apertura, transparencia y compromiso, apoyamos completamente la labor de este comité", explicó a este periódico el representante permanente de México ante Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Jorge Lomónaco.
La reunión entre la comisión y la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez-Robledo, termina este martes. Las audiencias, repartidas en tres sesiones, forman parte de las obligaciones contraídas al firmar en 2007 la Convención contra la Desaparición Forzada, que entró en vigor en 2010. La comisión emitirá sus recomendaciones en unos 10 días.
