El Gobierno estadounidense está cortando financiamiento para las fuerzas de seguridad en México.

JAVIER VELAZQUEZ (CORRESPONSAL USA)

AUSTIN TEXAS, 13 de mayo.- Tras los señalamientos emitidos por el Grupo Disciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes criticaron que aún no les permiten entrevistar a militares del Batallón 27, como han estado solicitando, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se excusó afirmando que es parte de los procedimientos que se deben seguir en el país de acuerdo a la ley establecida.

El GIEI señaló que inicialmente les pidieron solicitar el vínculo con los militares a través de la PGR, quien semanas después negó tener capacidad de hacer tal conexión por lo que se solicitó realizar otro procedimiento, con lo cual han pasado semanas y se sigue sin tener acceso a la información castrense.

No obstante Osorio Chong señaló que el grupo de expertos tendrá que ajustarse a los procedimiento y normas establecidos, como retoma una entrevista de Excelsior.

“Hay un proceso, tenemos nuestro propio procedimiento, nuestras leyes y bajo esas normas nos vamos a seguir manejando en México. Cuando decidimos la colaboración de la CIDH es porque queremos darle tranquilidad a los padres de familia, a todos los mexicanos de que el procedimiento hecho por la PGR fue correcto, fue transparente y se ha venido informando de manera oportuna a todos los medios de comunicación y a los mexicanos”, señaló el secretario de gobiernación.

De igual forma resultan interesantes las revelaciones de la revista The Intercept, donde la periodista Cora Currier y el investigador Jesse Franzblau, exponen documentos desclasificados de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), en los cuales se expone que el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido los apoyos para el Ejército Mexicano, tras los casos de abuso militar en Tlatlaya, así como por las sospechas que persisten por su actuación en Guerrero, como se detalla en ElEconomista.

En la investigación se reporta que si el comandante de la zona militar que supervisaba al Batallón 102 (caso Tlatlaya) estaba implicado “en ‘una grave violación a los derechos humanos (…) toda la zona militar, más 10,000 miembros del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos”, lo cual es descrito como un ejemplo confirmado de que el gobierno estadounidense está cortando financiamiento para las fuerzas de seguridad en México.