MÉXICO – 28-NOVIEMBRE-2018.-
El (CNDH) del organismo presentó la recomendación 15VG/2018, por violaciones
graves en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala,
Guerrero.
A cuatro
años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al menos 70
detenidos fueron torturados o recibieron tratos crueles, inhumanos o
degradantes, advierte la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Fuentes de
la propia CNDH destacaron que dentro de las casi 2 mil hojas que conforman la
recomendación se menciona la tortura a los detenidos.
Anteriormente,
en el informe “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos
en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) había
advertido evidencias de tortura en 34 detenidos.
La
conferencia estuvo encabezada por el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, junto
con José Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala
que abrió la CNDH.
González
Pérez se había comprometido a presentar esta recomendación antes de que
terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien este sábado deja de ser el
Presidente de la República.
La
recomendación fue presentada por personal de la CNDH el lunes pasado a los
padres de los normalistas de Ayotzinapa.
Anteriormente,
Larrieta había adelantado que la recomendación señalaría a los autores
intelectuales de la desaparición de los normalistas.
Crimen
cooptó a autoridades por Iguala
Sin hacer
referencia al posible destino de los normalistas de Ayotzinapa, el Ombudsman
señaló que la verdad que la CNDH encontró de los hechos ocurridos en Iguala,
Guerrero, es que el crimen cooptó a autoridades federales, estatales y
municipales.
“La verdad
que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia
de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre
algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen
organizado”, refirió.
“(También)
la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y
municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia
de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado
de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres
niveles de Gobierno”.
El Ombudsman
consideró que el poco profesionalismo de la PGR derivó en que se subestimó el
hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales, así como haber ignorado
material encontrado en una bolsa encontrada en el Río San Juan.
En dicha
bolsa había tres porciones petrosas, así como 53 fragmentos óseos y 21
elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN
para determinar si se trataba de los normalistas desaparecidos.
“Cuando
menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de
Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de
determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los
estudiantes”, dijo el Ombudsman.
“Del mismo
modo, no se ha investigado la actitud omisa o tolerante de autoridades de
distintos niveles y órdenes de Gobierno”.
Sin entrar
en detalles, el Ombudsman consideró que la verdad es una víctima más del caso
Iguala, pues las autoridades difundieron declaraciones sesgadas o dieron
información falsa que confundió y generó incertidumbre en torno al caso.
“Sin contar
con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes
desaparecidos habían sido ejecutados”, por la penetración del crimen organizado
en las estructuras de Gobierno”.
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